actividade institucional

El rechazo a la concesionaria de la AP-9 y a su gestión en la principal autopista de Galicia comienza a ser una posición de consenso entre los grupos políticos. De hecho, el Parlamento pidió por unanimidad el traspaso de la competencia sobre el vial a la Xunta. Incluso antes de eso, alguien que llevaba tiempo criticando a Audasa, también durante su etapa como conselleiro de Infraestruturas en la Xunta de Alberto Núñez Feijóo, era Agustín Hernández, por un breve espacio de tiempo también alcalde de Santiago. Leer más: Feijóo, a la carga contra Audasa y el Gobierno: “En los acuerdos, gana siempre la concesionaria de la AP-9” El actual presidente del Consello Económico e Social (CES) aseguró que la concesionaria “siempre demostró un desprecio clarísimo a los ciudadanos y el territorio”. En declaraciones a Radio Nacional, Hernández reiteró que Audasa, «independientemente del momento histórico» de la empresa en cuanto a su titularidad privada o pública, «siempre demostró un desprecio clarísimo a los ciudadanos y al territorio, que en definitiva es pieza clave» de su negocio. Apuesta por el traspaso de la AP-9 Además, el presidente del CES se mostró convencido de que, si la Xunta finalmente se hace con la propiedad de la AP-9 (hay una ley en tramitación en el Congreso), la Administración gallega ejercerá sus competencias sobre la autopista «con mayor ajuste a la realidad».

El Consello Económico e Social ha instado a las administraciones públicas a adoptar medidas para intentar limitar y suavizar los efectos negativos del proceso de reestructuración del sector financiero, en particular por el cierre de entidades y oficinas bancarias que se registran en las zonas rurales y en algunas urbes gallegas. La comisión permanente de este organismo ha aprobado por mayoría, aunque con el voto en contra de la Confederación de Empresarios de Galicia, un posicionamiento público para realizar un llamamiento a los poderes públicos para establecer medidas en coordinación con el sector que permitan paliar esta situación y sus efectos, especialmente en colectivos vulnerables o de zonas menos pobladas y con dificultades para acceder a estos servicios. El CES ha mostrado su preocupación por los efectos en este tipo de municipios, que achaca tanto a dicha reestructuración como a las consecuencias del "fuerte crecimiento de la digitalización", sobre todo porque esta tendencia "podría agravar la despoblación y abandono de las zonas rurales".

El Consello Económico e Social ha instado a las administraciones públicas a adoptar medidas para intentar limitar y suavizar los efectos negativos del proceso de reestructuración del sector financiero, en particular por el cierre de entidades y oficinas bancarias que se registran en las zonas rurales y en algunas urbes gallegas. La comisión permanente de este organismo ha aprobado por mayoría, aunque con el voto en contra de la Confederación de Empresarios de Galicia, un posicionamiento público para realizar un llamamiento a los poderes públicos para establecer medidas en coordinación con el sector que permitan paliar esta situación y sus efectos, especialmente en colectivos vulnerables o de zonas menos pobladas y con dificultades para acceder a estos servicios. El CES ha mostrado su preocupación por los efectos en este tipo de municipios, que achaca tanto a dicha reestructuración como a las consecuencias del "fuerte crecimiento de la digitalización", sobre todo porque esta tendencia "podría agravar la despoblación y abandono de las zonas rurales".