actividade institucional

El CES advierte de los retos de la digitalización sobre el empleo y el bienestar Expertos sostienen que la "calidad" de las instituciones afectará al impacto en los salarios Carmen Villar Santiago 23.03.2018 | 02:39 La inteligencia artificial "tendrá consecuencias negativas en empleo y salarios durante un período de tiempo que dependerá del contexto institucional". Así lo señaló ayer el profesor de la Universidade de Vigo Xosé H. Vázquez en una ponencia con Antonio Sartal en la jornada "Dixitalización, emprego e benestar", organizada por el Consello Económico e Social de Galicia y el Consello Galego de Relacións Laborais. Vázquez explicó, en relación a los efectos a corto plazo sobre el desempleo, que "con buenas instituciones relacionadas con protección de empleados y desempleados, con negociación colectiva e intermediación laboral, el efecto puede acomodarse". Por ello incide en que la "calidad" de las instituciones afecta al corto plazo. De los cambios formativos trató María Jesús Freire, de la Universidade de A Coruña. En el desarrollo de los dos sectores en los que sustenta el "fomento" de la industria en Galicia, las TIC y la logística, ve clave el capital humano. "Lo más demandado" en las TIC es programación, marketing digital o telecomunicación, mientras en la logística prima el transporte especializado. También participaron Emma Rodríguez, de la UVigo, que analizó los efectos de la digitalización en las relaciones laborales, el economista Albino Prada, que abordó los "retos" para el Estado del bienestar, y Norberto Penedo, del Igape, entre otros.

El Consejo Económico y Social de Galicia incorpora ahora a una representante más de Unións Agrarias y otra del Sindicato Labrego Galego en sustitución de dos de Xóvenes Agricultores, entidad disuelta en junio de 2016 Xóvenes Agricultores, el sindicato agrario gallego afín al PP, fue disuelto oficialmente por un juzgado en junio de 2016. Sin embargo, no fue hasta este viernes que el Gobierno gallego cesó oficialmente con su publicación en el Diario Oficial de Galicia (DOG) a sus dos representantes en el Consejo Económico y Social (CES) gallego, el “foro permanente de diálogo entre las organizaciones socioeconómicas y las instituciones autonómicas”, como se autodenomina. Según varias fuentes, los dos representantes de Xóvenes Agricultores dejaron de participar en el CES tras la disolución del sindicato, pero la demora en hacerse oficial su cese impidió que hasta ahora pudieran ocupar esas plazas dos representantes de Unións Agrarias y el Sindicato Labrego Galego. Las progresivas dificultades económicas a las que se enfrentó Xóvenes Agricultores en sus últimos años llevaron a sus trabajadores luego despedidos a criticar de manera pública el nivel de vida de su entonces presidente, Juan Pérez Miramontes, en cuyo yate se fotografió en Sanxenxo, su localidad de veraneo, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Al tiempo, el Consello de Contas, órgano de fiscalización gallego equivalente al Tribunal de Cuentas estatal, certificó que la Xunta benefició a Miramontes entregando al sindicato dos millones de euros con los que la organización compró cuatro locales de los que era copropietario su presidente. El punto final a la historia de Xóvenes Agricultores lo puso un juzgado de lo Mercantil de Lugo que en junio de 2016 decretó su disolución tras un concurso de acreedores. Sin embargo, no fue hasta este viernes que la Xunta publicado el decreto firmado por el presidente Feijóo que dispone el cese como miembros del CES de los dos representantes en él de Xóvenes Agricultores, Francisco Bello Bello y Antonio de María Angulo, así como de sus suplentes, Juan Carlos García Pose y Juan Pérez Sánchez-Orozco. Al tiempo, el Gobierno gallego nombra dos nuevos miembros del CES: Rosa Arcos Caamaño, en representación de Unións Agrarias, y Marieta Pastoriza Martínez, por el Sindicato Labrego Galego, con Javier Iglesias Fernández y Ana Eiras Reguera como sus respectivos suplentes por los dos mismos sindicatos. Consultado sobre esta situación, un portavoz del CES, que preside la exconselleira de Manuel Fraga y exalcaldesa popular de Vigo Corina Porro, señala que los representantes de Xóvenes Agricultores dejaron de ser citados a las reuniones del órgano en cuanto tuvo conocimiento de su disolución por parte del juzgado. También asegura que desde ese momento ni asistieron al CES ni cobraron las dietas que reciben las organizaciones participantes. Así lo ratifican otras dos fuentes consultadas por este diario. Según el CES, la demora en el cese oficial de los representantes de Xóvenes Agricultores se debió a que hasta ahora no se resolvió el proceso para elegir a los nuevos vocales ahora nominados, lo que impidió que durante este año y medio Unións Agrarias y Sindicato Labrego Galego pudiesen contar con un representante titular a mayores del que ya disponían.

Pilar Magdalena, subdirectora de sistemas de Povisa y profesora de Bioestadística en la Escuela Universitaria de Povisa, ha recibido hoy, en el transcurso de un acto celebrado en el Colegio de Fonseca de Santiago de Compostela, el Premio de Investigación en Economía de Galicia "Valentín Paz Andrade", concedido por el Consello Económico y Social de Galicia (CES) y el Instituto Universitario de Estudios y Desarrollo de Galicia (IDEGA) de la Universidad de Santiago de Compostela. Magdalena, licenciada en Matemáticas y doctorada en Economía por la Universidad de Santiago de Compostela, ha sido premiada en la categoría de ‘Trabajos publicados en revistas científicas’ por su artículo ‘Obesity: a major problem for Spanish minors’, publicado en la revista científica Economics and Human Biology. Dicho trabajo, realizado en colaboración con Manel Antelo y Juan Carlos Reboredo, muestra los resultados del análisis sobre los condicionantes económicos que explican la prevalencia de la obesidad en la población infantil española de entre 2 y 15 años. La publicación concluye que existe un mayor riesgo de obesidad en niños varones menores de 10 años que forman parte de hogares numerosos, con baja educación y renta, y con hábitos poco saludables. El artículo es fruto de una investigación en la que se han analizado datos sobre una muestra de más de 13.000 niños entre los años 2003 y 2012, y forma parte de su tesis, ‘Ensayos en economía de la salud’, en la que analiza, utilizando modelos matemáticos cómo se traduce el perfil socioeconómico de los individuos en sus hábitos alimentarios.

La pobreza y el bajo nivel educativo engordan. Al menos son los principales factores socioeconómicos, y por ese orden, que influyen en un mayor riesgo de obesidad en los niños, según un estudio de los doctores Pilar Magdalena, Manel Antelo y Juan Carlos Reboredo. Su investigación, publicada en "Economics & Human Biology", recibió uno de los IV premios Valentín Paz Andrade, que entrega el Consello Económico e Social de Galicia (CES) y la Universidade de Santiago a través del Instituto Universitario de Estudios e Desenvolvemento de Galicia (Idega) a trabajos que ahonden en la realidad socioeconómica de la comunidad y ayuden a fijar "mejores políticas para contribuir al bienestar de sus ciudadanos". "Los individuos que tienen mayor riesgo de padecer obesidad en Galicia, y en España en general, son niños varones de menos de 10 años y que viven en hogares con un mayor número de miembros, un menor nivel de educación, una renta baja y unos hábitos poco saludables", señala el análisis, que buscaba "profundizar en las causas estructurales de tipo socioeconómico" que determinan lo que tachan de unas "alarmantes estadísticas". Porque la prevalencia de la obesidad infantil en Galicia (8,2%) y España en general (en torno al 10%) sitúa a estas áreas "por encima de la gran mayoría de los países del entorno". Su análisis les permite concluir "de forma inequívoca que el principal factor de desigualdad en la prevalencia de este problema es la renta del hogar en el que se vive, seguido del nivel de educación del principal sustentador del mismo, el tamaño del hogar y la edad del niño o niña", sostienen. Pero en "Obesity: A major problem for Spanish minors", que ganó en la categoría de trabajo publicado en revista, no solo ofrecen datos, tras analizar una muestra de más de 13.000 niños entre 2003 y 2012; también propuestas. Para los autores "es prioritario aplicar medidas preventivas de la obesidad infantil en cuatro campos: el hogar, la escuela, los espacios de ocio y la publicidad" y también creen que "las medidas de salud pública en esta materia deberían estar dirigidas a los hogares con niños de bajo nivel de renta, cuyo sustentador principal carezca de educación primaria y que sean más numerosos". En ese aspecto incidió la presidenta del CES, Corina Porro, al recordar que el jurado valoró que las conclusiones sobre la obesidad y sus condicionantes socioeconómicos "contribuyen a mejorar la información necesaria para diseñar políticas de salud pública de prevención y tratamiento de un problema que se está convirtiendo en una epidemia". Porro también felicitó a los galardonados en la categoría de tesis doctoral, que fueron dos: Diana Fernández, que estudió los efectos sobre el empleo del envejecimiento y la protección social de la dependencia, y Fernando Corbelle, que analizó la pobreza y cómo se mide en España y la eurorregión Galicia-Norte de Portugal. Respecto a la primera, muestra que en el período de implantación de la Ley de la Dependencia Galicia fue la tercera comunidad con más puestos creados en servicios sociales por cada 100 dependientes atendidos, más de 11.000, y cómo los cuidadores informales reducen su participación en la fuerza laboral (11-12%), más ellas. El segundo aborda varias metodologías para medir la pobreza, que situarían a Galicia en posiciones "intermedias" en el país, y avisa de la "vulnerabilidad" de la infancia en este aspecto.