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En 2035 habrá 138.000 personas dependientes objeto de protección pública en Galicia, un 5,5 % de la población total, para los que se requerirán entre 4.000 y 5.000 puestos de trabajo más, apunta un estudio realizado por el Consello Económico y Social de Galicia (CES). Según este informe, titulado "El sistema de cuidados de larga duración en Galicia desde la perspectiva de la prestación de servicios y de creación de empleo", en quince años Galicia pasará de tener el 4,1% de la población en situación de dependencia pendiente de protección pública al 5,5 %, es decir, 28.000 personas más, lo que supondrá un "enorme reto" para la sociedad del futuro. Y es que como revela el estudio, poco más de la mitad de dependientes gallegos estaban cubiertos por la Ley de Dependencia a finales de 2019, concretamente el 51 % de las personas mayores de 65 años. "La ley de Dependencia supuso un desarrollo positivo en la protección social, aunque cuenta con severas dificultades para su implantación en los primeros años de su puesta en marcha debido a la crisis de 2008 y a las medidas que tuvieron que acompañarse para reducir la financiación en su implantación", ha explicado la profesora de la Universidad de A Coruña (UDC) Raquel Martínez Buján, autora del estudio junto al también profesor de la UDC Paulo Rungo. Ambos han presentado en la mañana de este viernes en la sede del CES en Santiago de Compostela las principales conclusiones del informe, que revela que número de población beneficiaria de un recurso público a la dependencia son 61.636 personas, mientras que las personas con derecho a prestación son 70.092 las que están pendientes de recibir prestación son 8.456. A pesar de que el sistema de dependencia y la ley que lo acompaña estuvieron lastrados en sus primeros años por la irrupción de la crisis económica de 2008, según Martínez "se avanzó mucho" por parte Administración pública en esta materia, lo que no quita que aún haya cosas que mejorar. "La atención a la dependencia supone uno de los desafíos más relevantes en términos políticos, económicos y sociales para las sociedades occidentales en las últimas décadas. Ahora mismo en Galicia existen más de 120.000 personas que necesitan ayuda para realizar las actividades de la vida diaria, de las cuales 117.000 viven en sus hogares y el resto está en residencias", ha explicado. De las personas dependientes, el 77,6 % son personas mayores de 65, una población que en Galicia supone el 25,4 % de la población total y que será, según el INE, el 33 % en 2035. "El informe pretende ser una evaluación de la situación, un punto de partida sobre el cual profundizar para saber cuáles pueden ser las líneas de mejora en un futuro. Ya estamos en condiciones de poder evaluar tanto la situación de la Ley de Dependencia como la situación que se está viviendo en los hogares para poder organizar estos cuidados", ha destacado Raquel que ha asegurado que aún no se tienen suficientes datos para realizar un estudio del impacto de la pandemia y de la crisis sanitaria en el sistema de atención y cuidados. "Lo que sí sabemos es que esta crisis sanitaria visualizó la fragilidad de nuestro sistema de atención y puso en evidencia la precariedad del empleo del cuidado remunerado, altamente feminizado", ha destacado. También revela el estudio que en Galicia la familia "es la principal fuente provisoria de atención a la dependencia", de manera que el 88,1 % de las personas dependientes reciben cuidados de un miembro de su hogar y el 66,5 % de las personas en situación de dependencia cuentan únicamente con cuidado de sus parientes. "El tiempo medio que dedican las familias a cuidar de las personas es de 43,3 horas a la semana, con un tiempo medio de 8 años. Las mujeres son las principales cuidadoras y un tercio de ellas declaran que tuvieron que reducir su presencia en el mercado de trabajo para poder afrontar los cuidados", ha apuntado Martínez, que ha añadido que en los últimos años hay una tendencia "hacia la mercantilización y la privatización del trabajo de cuidados de manera privada por parte de las familias mediante la contratación de servicio doméstico de empleadas del hogar". Según el estudio un 13 % de los hogares ya cuentan con ese recurso, mientras que la incidencia de los servicios sociales es irrelevante, pues solo el 18,7 % de los hogares con personas en situación de dependencia cuentan con un recurso público para poder afrontar las necesidades de cuidados en la vida diaria. Por su parte, Rungo ha destacado que en los últimos años se ha comprobado que existe un incremento de la atención en el hogar respecto a las residencias, con una subida del 66 % de los empleos para el cuidado familiar de dependientes, frente al 12 % del residencial. Respecto al empleo, Rungo ha señalado que el 87 % de los empleados están en el sector privado, frente al 13 % que están en el sector público y ha destacado la gran precariedad del sistema, además de su alta "feminización", especialmente en el caso de las trabajadoras de servicio doméstico que ejercen como cuidadoras. Para el experto, las mujeres en este sector se enfrentan a una triple discriminación: por ser mujeres, por tener una baja cualificación profesional, ya que el 60% de las empleadas domésticas no tiene educación superior, y también por su nacionalidad, pues 4 de cada 10 empleadas en el hogar son de nacionalidad diferente a la española.

La atención a la dependencia podría generar hasta el 2035 entre 4.000 y 5.000 nuevos empleos, atendiendo a la evolución de la sociedad gallega. Un informe del Consello Económico e Social de Galicia (CES) sostiene que en la comunidad hay más de 120.000 dependientes, de los que solo la mitad están percibiendo algún tipo de prestación pública por este motivo. De ellos, casi 118.000 viven en sus hogares, y ocho de cada diez son mayores de 65 años. En perspectiva, y teniendo en cuenta que cada año hay 1.740 nuevos dependientes, cifra en 140.000 el número total de personas en esas circunstancias dentro de tres lustros. En la presentación del estudio, impulsado por los docentes de la Universidade de A Coruña Raquel Martínez Buján y Paolo Rungo, estuvo presente el presidente del CES, Agustín Hernández, quien anunció que el objetivo del mismo es hacer una evaluación del sistema de cuidados en Galicia, con conclusiones que tras ser compartidas con la sociedad se le trasladarán al Gobierno gallego, responsable de las políticas sociales, en las que se percibe un «gran esforzo» pero con margen de mejora. Buján y Rungo ponen de relevancia la necesidad de actualizar el modelo de cuidados, que se puede ver desbordado por el aumento de la esperanza de vida y que ya está generando «tensión» en el sistema. Otro de los problemas que constata el informe es la alta precarización y feminización de los cuidados. El CES señala que dos tercios de las personas con dependencia recibe cuidados únicamente de las familias. Y en estas, el 63 % son mujeres que dedican 43 horas semanales.

El Sistema de Dependencia, nacido de una ley específica y lastrado en sus primeros años por la irrupción de la crisis económica que dio comienzo en 2008, ha tomado impulso y mejorado en sus cifras, en todo el territorio nacional y en Galicia en particular. Pese a esta mejoría, constatada con datos, la atención a las personas dependientes dista todavía mucho de lo deseable, y el llamado ‘limbo de la dependencia’ continúa vigente. Tanto es así que en la comunidad gallega el 66,5 % de las personas en esta situación son atendidas por sus familiares en exclusiva, sin ninguna ayuda pública ni contratación de cuidadores externos. Según un informe presentado ayer por el presidente del Consello Económico e Social (CES), Agustín Hernández, titulado ‘O sistema de coidados de longa duración en Galicia desde a perspectiva da prestación de servizos e de creación de emprego’, elaborado por los profesores de la Universidade da Coruña (UDC) Raquel Martínez y Paolo Rungo, frente a ese 66,5 atendido solamente por sus parientes, el 3 % de los dependientes recibe cuidados en exclusiva del sistema público; el 2 % de personal contratado externo solamente, y el 29 % restante recibe un asistencia combinada entre diferentes tipos de recursos (familiares, persona contratada o servicios públicos). Por tanto, la implicación familiar sigue siendo la principal fórmula de atención y cuidados en los hogares gallegos. Además, en los últimos años se ha detectado un incremento mayor de la atención en hogar que en recursos residenciales, impulsada en 2020 por la irrupción de la pandemia de coronavirus. De hecho, este crecimiento sostenido se refleja, según el informe, en una subida del 66 % de los empleos para el cuidado familiar de dependientes, frente al 12 % del residencial, según aseguró ayer Rungo en rueda de prensa. Así mismo, Martínez, en su intervención, explicó que en la comunidad gallega el sistema de dependencia tal solo llega a dar cobertura al 51 % de la población beneficiaria total. Actualmente hay 120.000 dependientes en Galicia, de los que casi 118.000 viven en sus hogares. Si los cuidados recaen principalmente en su familia, un dato a tener en cuenta, avisó, es que en seis de cada diez casos este trabajo lo desempeña una mujer, que dedica 46 horas semanales de media a ello (frente a las 38 horas si el cuidador es un hombre). La media de años como cuidadoras entre las mujeres gallegas está en los 8,4, que baja a los 7,6 entre los hombres. En cuanto a la generación de empleo en el sector de los cuidados a dependientes, el informe señala que fue hasta el momento importante, colocándose como un nicho de empleo a tener en cuenta, también para el futuro. Se estima que trabajan en el sector en torno a 26.000 personas en Galicia, el doble que hace una década, y podrían ser 4.500 más en el año 2035. En este caso también se observa una elevada feminización, una mayor formación en el caso de que el puesto sea en un servicio público frente a servicio doméstico de cuidados, y llama mucho la atención el alto porcentaje de las personas con nacionalidad distinta a la española. Frente a menos del 4 % en la población general de Galicia, los extranjeros (mujeres principalmente) ocupan el 40 % de los puestos de trabajo de atención a dependientes como servicio doméstico; el 11% en estos puestos de los servicios sociales de los concellos, y el 13 % en el caso de los establecimientos residenciales. Por este motivo, los autores del estudio concluyen que es necesario prestar mucha más atención a los aspectos cualitativos de los empleos en dependencia, no solo al número de afiliados, sino a las condiciones del trabajo. Teniendo en cuenta, siempre, que Galicia tiene actualmente 3 plazas en centros residenciales por cada cien personas mayores de 65 años, cuando la recomendación de la Organización Mundial de la Salud para una cobertura adecuada es de cinco.